Por Pablo Tissera. Dirigente Cooperativista. Partido Solidario.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la fijación de las tarifas de gas, podemos decir que sienta un precedente positivo en cuanto a poner un límite al actuar unilateral del gobierno nacional en materia de aumentos de tarifas de servicios públicos.
Es un avance retrotraer a los valores vigentes antes del aumento y evitar así incrementos de carácter confiscatorio a los Usuarios Residenciales, atentos… que sólo representan el 26% del consumo!!!.
PARA RESALTAR sobre la decisión del máximo tribunal se plantea a la AUDIENCIA PUBLICA como requisito indispensable a la hora de decidir sobre tarifas, se exige el sostenimiento de la tarifa social y se expresa que todo el esquema tarifario debe ser fijado por el Estado con un CRITERIO DE “GRADUALIDAD” y no “confiscatorio”.
PERO QUE PASA CON LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES… particularmente la categoría SGP, que contiene a las pymes en general, las empresas de la economía social y solidaria, decimos cooperativas, empresas recuperadas, mutuales, los clubes e instituciones sociales. Y AQUÍ NOS DETENEMOS… No están alcanzados por el fallo… ES DE GRAN PREOCUPACIÓN para nosotros, que llevará a sostener la necesidad de una legislación de emergencia y protectiva para la categoría… Pues en el actual contexto de recesión económica, caída de la actividad en materia de producción, de consumo, aumentos de precios y de apertura a las importaciones, la vigencia del cuadro tarifario PROPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios. Dice APYME, “Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”.Debemos recordar que este universo de empresas representa más del 90 % de las unidades productivas y genera el 80% del empleo. Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente.
Los cuadros tarifarios de servicios públicos responden a políticas de Estado, y como tales deben aplicarse de acuerdo con criterios de equidad, racionalidad y justicia para el conjunto de la población, pero sin olvidar el rol fundamental que juega el sector productivo micro, mediano y pequeño de carácter nacional, particularmente el solidario, en la construcción de un país con equidad distributiva y justicia social.
PABLO TISSERA. DIRIGENTE COOPERATIVISTA. REFERENTE DEL PARTIDO SOLIDARIO CÓRDOBA
